El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este cuestionó duramente al Gobierno de Mendoza por “mirar para otro lado” frente a la crisis vitivinícola y advirtió que, si existen herramientas para intervenir y no se utilizan, “ya no estamos frente a una falta de instrumentos, sino ante una decisión política de no intervenir”. El comunicado, firmado por su presidente Fernando Javier Palau, se trasncribe a continuación.
El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este reclama al Gobierno de Mendoza que abandone la indiferencia y utilice las herramientas disponibles para corregir las asimetrías que atraviesan a la cadena vitivinícola.
Reiteramos nuestra creciente preocupación por la situación que atraviesa actualmente la vitivinicultura mendocina, caracterizada por precios deprimidos del vino, escasas operaciones, condiciones comerciales cada vez más desfavorables y un creciente deterioro de las relaciones entre los distintos actores de la cadena.
Pero el problema no termina allí. Mientras el precio del vino permanece estancado o continúa deteriorándose, los costos de producir y elaborar no dejan de aumentar. Las tarifas eléctricas vuelven a incrementarse, los combustibles aumentan, se encarecen los insumos y los servicios, y la estructura de costos de los establecimientos se vuelve cada vez más difícil de sostener. No ha habido disminución de impuestos municipales, provinciales ni nacionales.
La indiferencia oficial y las prioridades de la agenda provincial
Frente a esta realidad, resulta particularmente preocupante la indiferencia del Gobierno de Mendoza, que, pese a haber sido advertido oportunamente —y desde hace tiempo— sobre la gravedad de una situación que se venía consolidando, no ha demostrado hasta el momento voluntad de intervenir.
Entendemos que la Provincia priorice el desarrollo de los sectores de la energía, la minería y el petróleo. No cuestionamos esas políticas. Lo que objetamos es que la vitivinicultura, una de las actividades que históricamente estructuraron económica y territorialmente a Mendoza, parece haber quedado fuera de la agenda.
Herramientas disponibles y propuestas ignoradas
Estamos reclamando que el Gobierno de Mendoza utilice las herramientas que creó precisamente para intervenir, cuando las condiciones del mercado generen asimetrías capaces de poner en riesgo la continuidad de la actividad. El Banco de Vinos es una de esas herramientas. Si el Gobierno considera que este instrumento ya no resulta necesario, debería explicarlo y promover su modificación o derogación. Pero mientras permanezca vigente la legislación que lo justifica, es lícito preguntar por qué no se lo utiliza frente a una situación como la actual.
No pretendemos tener todas las respuestas, pero hemos advertido la situación y propuesto acciones concretas que, a más de un año de su presentación, ni siquiera han sido consideradas: la puesta en marcha de un operativo de exportación de vinos a granel y la activación del Banco de Vinos, entre otras.
Lo que el sector necesita es una mirada integral y mecanismos capaces de corregir los desequilibrios que hoy se están produciendo en el mercado, utilizando, adaptando o complementando las herramientas financieras y económicas disponibles. Las herramientas están en manos del Gobierno y también está en sus manos explicar por qué no las utiliza.
El impacto en el tejido social y la seguridad rural
Parece no advertirse el impacto social de esta crisis. Cuando una actividad rural pierde rentabilidad durante períodos prolongados, disminuye la inversión, se deterioran las explotaciones, se pierde capacidad de trabajo y se debilita el arraigo.
Y en las zonas productivas, donde la problemática de los robos rurales es crítica, sería irresponsable desconocer que el debilitamiento económico de las comunidades también aumenta su vulnerabilidad. No afirmamos que el bajo precio del vino sea causa directa del delito. Sí afirmamos que un territorio productivo, habitado y económicamente activo es también una herramienta de prevención y seguridad.
Una decisión política de no intervenir
La vitivinicultura no es solamente vino. Es producción, empleo, familias, empresas, territorio y arraigo. Por eso, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este formula una pregunta concreta al Gobierno de Mendoza:
Frente a precios deprimidos, escasas operaciones, costos crecientes, dificultades financieras, un deterioro de las relaciones comerciales y un crecimiento del número de viñateros y bodegueros en dificultades como pocas veces se ha visto, si la provincia cuenta con instrumentos creados precisamente para intervenir frente a situaciones de esta naturaleza, ¿por qué no los utiliza?
El Centro no reclama privilegios. Reclama que el Gobierno de Mendoza vuelva a ocuparse de la vitivinicultura, analice las asimetrías que hoy están afectando a la actividad y adopte las medidas necesarias.
Porque cuando el Estado tiene herramientas, conoce el problema y decide no utilizarlas, ya no estamos frente a una falta de instrumentos. Estamos frente a una decisión política de no intervenir. Y esa decisión merece ser explicada.
Firma: Fernando Javier Palau, Presidente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
